La intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar en Comfamiliar Atlántico, iniciada el 6 de julio de 2026, ha dejado un presunto entramado contractual, algo que ha sido catalogado por el Ministerio de Trabajo del Gobierno actual como una 'Telaraña azul' y que se presenta en varias Cajas de Compensación.

La cartera nacional ejecuta revisiones en estos momentos en Comfamiliar Atlántico y ha detectado contratos laborales, otrosíes, actos administrativos y conceptos jurídicos conocidos por este medio.

La documentación, de acuerdo con la auditoría, refleja también nombramientos y modificaciones sustanciales de contratos y vinculaciones de altos directivos por periodos que superan ampliamente la duración inicialmente prevista para la intervención.

Recordemos que la intervención fue anunciada inicialmente por el Gobierno de Gustavo Petro, por el lapso de 12 meses, tras remover a Herber Mantilla Gómez y al Consejo Directivo, y fue nombrada María Teresa Carvajal Aguirre, el 9 de julio de 2026.

De hecho el caso de Carvajal Aguirre es el que más le llama la atención al Ministerio y a la actual Superintendencia, pues su contrato original fue suscrito bajo la modalidad de obra o labor, con un salario integral mensual de $53,5 millones.

La duración de esa relación estaba expresamente condicionada a la permanencia de la medida de intervención ordenada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, es decir, por 12 meses. Sin embargo, el 23 de julio de 2026, se firmó un otrosí que transformó el contrato de obra o labor en un contrato a término fijo por dos años, contados desde el 9 de julio.

El documento señala entre sus propósitos “consolidar el nombramiento en propiedad” de la directora administrativa y asegurar la continuidad en la dirección de la Caja, por un lapso más largo del anunciado inicialmente para la intervención.

La reforma contractual produjo, de acuerdo con los datos preliminares de la revisión que realiza el Ministerio, también una consecuencia económica: la terminación anticipada del nuevo contrato podría darle a Carvajal Aguirre derecho a reclamar una indemnización cercana a $1.500 millones, de acuerdo con los cálculos jurídicos.

Esa jugosa y cuantiosa suma, según el Gobierno actual, tendría que salir de los recursos de Comfamiliar Atlántico.

Lo peor del asunto es que María Teresa Carvajal Aguirre era pareja de Juan Guillermo Ortiz Juliao, quien durante la administración anterior ejercía como Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de la Superintendencia del Subsidio Familiar, un cargo con bastante influencia en las intervenciones.

La relación personal, sumada a las actuaciones administrativas que rodearon sus nombramientos, es examinada dentro de la revisión del Ministerio por un posible conflicto de intereses.

El punto que deberá esclarecerse por parte del Gobierno actual es concreto: "qué participación tuvo Ortiz Juliao o la dependencia que dirigía en las decisiones relacionadas con Carvajal, quién promovió sus designaciones y si frente a esas actuaciones existía el deber de declararse impedido o apartarse de cualquier decisión".

Pero el asunto no termina ahí. De acuerdo con la auditoría o revisión, Carvajal Aguirre estuvo vinculada tanto a Comfanorte como a Comfamiliar Atlántico, dos cajas sometidas a medidas especiales durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La revisión jurídica de la cartera de Trabajo y la Supersubsidio busca determinar cómo se produjo su paso de una caja a otra, quién gestionó y autorizó los nombramientos y si podía aceptar una segunda designación mientras se encontraba vigente la primera relación.

Además de la relación personal con quien dirigía la Delegatura de Medidas Especiales, vinculaciones en dos cajas intervenidas y una modificación contractual que extendió su permanencia y creó una eventual indemnización cercana a $1.500 millones.

La supuesta 'telaraña'

La 'Telaraña azul', de la que habla el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, es completada en Comfamiliar Atlántico, de acuerdo con la revisión, por varios integrantes del nivel directivo que fueron vinculados mediante contratos a término fijo por tres años, con fechas de terminación que llegan hasta 2029, pese a que la intervención administrativa total había sido ordenada mediante la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026, inicialmente por 12 meses, y comenzó formalmente el 7 de julio.

En cuatro de esos casos tampoco fue establecido por escrito un periodo de prueba.

Uno de los contratos corresponde a Javier Mauricio García Quiroz, secretario general de Comfamiliar Atlántico. Fue vinculado el 10 de agosto de 2026 mediante contrato a término fijo por tres años, con terminación prevista para agosto de 2029 y un salario integral de $26,75 millones mensuales.

Ese mismo 10 de agosto fue vinculado Iván Augusto Alonso Antequera, jefe de la División de Planeación y Vivienda. También recibió un contrato a término fijo por tres años, con salario integral mensual de $26,75 millones, y tampoco quedó consignado por escrito un periodo de prueba.

El tercer caso corresponde a Gary Ernesto Martínez Gordon, jefe de la Oficina Jurídica. Su vinculación se produjo igualmente el 10 de agosto mediante un contrato por tres años, con remuneración mensual de $19,26 millones. El documento tampoco contiene una cláusula de periodo de prueba.

El cuarto contrato corresponde a José Luis Romero Medina, jefe de la División Financiera y Administrativa. Fue contratado el 24 de agosto de 2026, también por tres años, con salario integral de $26,75 millones mensuales y sin periodo de prueba estipulado por escrito.

Cuatro altos directivos que están en la lupa del Ministerio de Trabajo porque quedaron contratados hasta 2029 sin periodo de prueba escrito dentro de una Caja cuya intervención había sido decretada inicialmente solo hasta julio de 2027.

Los documentos incluyen también a Manuel Eduardo de los Ríos Gutiérrez, jefe de la División de Servicios Sociales. Su caso presenta una diferencia frente a los otros cuatro directivos: el contrato sí incorporó un periodo de prueba. El análisis jurídico establece que esa etapa vencería el próximo lunes 14 de septiembre de 2026 y que los cambios posteriores en las funciones o el cargo no generaron un nuevo periodo de prueba.

De acuerdo con la revisión, la ausencia de períodos de prueba y la duración de los contratos son relevantes porque restringen las posibilidades de terminación unilateral sin consecuencias económicas.

La revisión busca establecer cuánto tendría que pagar Comfamiliar Atlántico si decide terminar anticipadamente las vinculaciones y si quienes suscribieron esos contratos protegieron adecuadamente los intereses patrimoniales de la Caja.

Los contratos  permiten identificar un patrón que deberá ser explicado.

La revisión también deberá establecer si existía una justificación técnica y jurídica para comprometer a la Caja por periodos que excedían la duración de la intervención o si las condiciones contractuales terminaron funcionando como un mecanismo para asegurar la permanencia de determinados funcionarios y encarecer su posterior desvinculación.

La revisión se extiende

Los hallazgos aparecen en momentos en que las autoridades adelantan una revisión más amplia sobre la administración de cajas de compensación sometidas a medidas especiales durante el Gobierno anterior.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, quien ejerció hasta el 7 de septiembre como superintendente del Subsidio Familiar encargada, había advertido sobre posibles estructuras de intereses alrededor de las cajas intervenidas.

La superintendente en propiedad, Edna Tafur, ha anunciado que la entidad utilizará sus facultades de inspección, vigilancia y control para esclarecer las actuaciones realizadas durante esas intervenciones.

En Comfamiliar Atlántico, los hechos ya están contenidos en contratos, otrosíes y actos administrativos. Ahora corresponde determinar quién tomó cada decisión, quién la autorizó, quién se benefició de ella y cuánto pueden terminar costándoles esas actuaciones a los recursos de la Caja